El II Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública de la AAEAP se propone consolidar un espacio para facilitar la exposición, el intercambio y el debate de experiencias originadas en la gestión pública en los distintos poderes del estado de todos los niveles de gobierno, así como estudios, aprendizajes y reflexiones producidas en universidades, asociaciones profesionales, equipos de gestión y entidades de la sociedad civil con interés en los asuntos públicos.

Con este propósito, la presente convocatoria apunta a contribuir al desarrollo de las capacidades del Estado y de la Administración para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para todos los que habitan el territorio de la Nación.

En ese marco se abre la posibilidad de considerar la situación y perspectivas de la profesionalización de la función pública; las innovaciones que contribuyen a mejorar la gestión de lo público; las experiencias en la adopción y control de las tecnologías que se despliegan en el marco de la 4ta. revolución industrial; la apertura de los gobiernos, y su incidencia en la transparencia y la gestión colaborativa por la participación ciudadana en las políticas públicas; las cuestiones de igualdad de género, no discriminación y violencia laboral y su tratamiento en las distintas administraciones públicas, entre otros temas relevantes.

Hace dos años, al convocar el I Congreso se afirmaba que el Estado y la Administración Pública estaban siendo objeto de profundas y continuas transformaciones. El enorme impacto de los cambios que la pandemia global produjo sobre la humanidad y las instituciones en torno a las cuales se organiza la vida en común de las sociedades, evidenció la vulnerabilidad para enfrentar la incertidumbre y las fortalezas a veces ocultas para superar las crisis.

Por ello se hace más urgente la necesidad de comprender los rasgos característicos del nuevo tiempo, apreciar las tendencias de su evolución y explorar alternativas superadoras para que el Estado, la Administración Pública y las organizaciones de la Sociedad Civil aseguren la efectividad de políticas que hagan posible la inclusión y la equidad en nuestra democracia.